Desde décadas, el primer país de América Latina en alcanzar su independencia y zafarse de la esclavitud, pasó a convertirse en la nación más empobrecida de la región. Nos referimos a Haití, cuya crisis histórica, a partir del asesinato del expresidente Jovenel Moise, hace metátesis.

Sí, en los últimos meses, la violencia toma sus más altos ribetes en muchos años. Grupos de incontrolables han asaltado las calles sin que los organismos oficiales de seguridad puedan detenerlos. Y es que para nadie es un secreto la complicidad existente entre policía y bandas.

En lo que va de año, más de 35 mil personas se han desplazado, huyendo del terror impuesto por las pandillas armadas, las cuales han provocado centenares de muertos y violaciones sexuales de mujeres y niñas.

Esta crisis que, en los órdenes económico, político y social, vive Haití tiene raíces muy profundas. Estas se remontan a sus primeros días de independencia, pues, como se sabe, Francia impuso una alta suma de dinero como indemnización a los supuestos daños causados por la guerra que liberó a esta nación del dominio colonial francés, cuyo lastre aún arrastran.

Otra de las causas externas de su permanente crisis, lo constituye el dominio neocolonial que en los diferentes órdenes ejerce sobre esta media isla el imperialismo norteamericano.

El saqueo de sus riquezas mineras, por ejemplo, a través de la presencia de multinacionales, que a su vez dejan como secuela el deterioro del medio ambiente, torpedea su crecimiento económico. En lo político, cargan con la responsabilidad de provocar el derrocamiento de gobiernos democráticos y progresistas instalados allí por la voluntad popular.

Así, por ejemplo, en 1987, un año después del fin de la dictadura duvalierista, se realizaron las primeras elecciones libres en décadas, pero como en las mismas se escogió a un candidato (Gerard Gourgue) de vocación democrática y comprometido con los sectores más vulnerables, apoyado por organizaciones de izquierda y de centro izquierda, terminaron ahogadas en un baño de sangre, provocado por militares al servicio del viejo régimen y el imperialismo yanqui.

En 1990 se produce el triunfo de Jean-Bertrand Aristide, quien con un programa de corte progresista ganó el favor electoral de las grandes mayorías. Pero los gorilas de dentro y de fuera, es decir, los mismos actores anteriores, maniobran nuevamente y meses después el gobierno de Aristide es derrocado.

Como se aprecia, los Estados Unidos son corresponsables, juntos a otras potencias, como Francia, Canadá y la propia Naciones Unidas que hoy plantean una nueva intervención armada, de la grave situación que vive la nación haitiana.

Entre los factores internos, responsables de la agudización de la crisis, cabe destacar la inmensa brecha que separa a pobres y ricos, es decir, la exclusión social, la cual provoca que más del 60% de la población viva bajo los niveles de la extrema pobreza y cuya tendencia sea hacia la profundización, pues la destrucción del aparato productivo nacional, como consecuencia de la política económica neoliberal, impuesta por la cúpula empresarial y la banca internacional, mantiene un déficit en aumento en la balanza comercial, teniendo que importar cada vez más, sobre todo productos provenientes de Estados Unidos y República Dominicana, y exportando cada vez menos.

Con la destrucción del aparato productivo y la privatización de más del 80% de las instituciones de servicios públicos, se incrementa el desempleo, la delincuencia, la inseguridad ciudadana y el éxodo en masas a diferentes naciones de la región, en especial a República Dominicana.

Haití ha sido un país saqueado por gobiernos corruptos y perversos que cuentan, claro está, con el visto bueno de los Estados Unidos a cambio de que estos resulten dóciles a sus planes hegemónicos.

Allí no funcionan las instituciones, se impone el poder de la autocracia, encarnada en las cúpulas empresarial, gubernamental y la injerencia extranjera.

Sin dudas, todas estas calamidades humanas se convierten en un torbellino generador de inconformidad, intranquilidad y violencia como la que se vive allí en la actualidad.

Y a todo lo anterior se le suma la tozudez de Ariel Henry, primer ministro haitiano y presidente en función, de querer prolongar su mandato hasta agosto de 2025, cuando en realidad debió concluir su gestión el pasado 7 de febrero y convocar a nuevas elecciones tal como se tenía previsto. Esta insensatez provocó la ira de la población, expresándose en Puerto Príncipe, su capital, la mayor ola de violencia, encabezada por bandas criminales. Estos actos se recrudecieron después de que el primer ministro viajara a Nairobi a gestionar el envío a Haití de un contingente militar multinacional bajo la directriz de Kenia, actitud que revela la no confianza de quienes gobiernan en que la solución a la crisis ha de surgir del propio pueblo haitiano.

Posterior a la gestión intervencionista de Henry en Kenia, la violencia alcanzó ribetes tan elevados que se produjeron asaltos de varias instituciones gubernamentales incluyendo cárceles, ocasionando la fuga de miles de presos. Estos estallidos sociales forzaron a Ariel Henry a que el 11 de marzo, desde Puerto Rico, donde se hallaba después de su regreso de África, renunciara a sus funciones anunciando la creación de un Consejo de transición responsable de preparar nuevas elecciones.

Muchos de estos acontecimientos se hubiesen evitado si hubiese cumplido con el compromiso de realizar elecciones el 7 de febrero.

Y como siempre, la única solución que plantean los responsables del descalabro político, social y económico de Haití, es la intervención militar, cuando se sabe que estas solo han servido para empeorar la dura realidad allí existente.

El mundo entero debe lanzar su mirilla sobre este empobrecido y maltratado pueblo y gritar a viva voz:

¡No a la intervención de las llamadas fuerzas multilaterales de seguridad!

¡La solución a la crisis radica en el pueblo haitiano!

¡Viva Haití libre!